Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid han indicado que el 112
había recibido una llamada del hotel Villareal de Madrid a las 7:00 horas.
Hasta el lugar se han desplazado los facultativos que han atendido a Barberá en parada cardiorrespiratoria, y a la que durante más de treinta minutos
practicaron maniobras de reanimación, si bien finalmente sólo pudieron
confirmar el fallecimiento.
El juez ha llegado poco
después de las nueve y media de la mañana al hotel y la comisión judicial
deberá decidir si se traslada el cadáver al Instituto Anatómico Forense para
practicarle la autopsia o certifica directamente la muerte. También se han
desplazado al hotel, situado justo frente al Congreso de los Diputados, un
equipo de la policía científica (Fuente: La Vanguardia digital). El
fallecimiento se produce un par de días después de su declaración ante el
Tribunal Supremo por el caso del presunto blanqueo de dinero del Partido
Popular de Valencia. Extraña coincidencia.
Repasemos brevemente la
retahíla de muertes y accidentes que ha imposibilitado una y otra vez, el
esclarecimiento de los hechos imputados en los casos más sonados de corrupción
política en España.
El martes 25 de
noviembre de 2014, el fiscal jefe de Lugo, D. Juan José Begué Lezaun,
apareció muerto en su domicilio en Culleredo (La Coruña). Rápidamente se
descartó una acción violenta o la participación de terceras personas. Se
estaba ocupando del caso Pokemon, la operación Carioca y el juicio del violador
del estilete. El cadáver fue encontrado por la esposa de Begué, Rebeca
Rodríguez Figueroa, fiscal de la Fiscalía Provincial de A Coruña, en su
domicilio del barrio de La Zapateira. La prensa filtró -en lo que parecía una
justificación a priori de un posible suicidio- que el fiscal Begué llevaba
tiempo tratándose de depresión. Tanto "El Faro de Vigo" como "La
Voz de Galicia", dos diarios gallegos, informaban que todo apuntaba a
un suicidio, según fuentes del caso.
En agosto de 2015 muere el
juez Antonio Pedreira -que durante casi tres años instruyó el caso
“Gürtel”- tras casi 36 meses hospitalizado en una residencia sanitaria del
norte de Madrid aquejado de un accidente cerebral. El magistrado, de 66
años, se llevó a la tumba muchos secretos (y presiones políticas) de los tensos
inicios de la instrucción del más extenso sumario de corrupción que ha azotado
a España desde la llegada de la democracia.
María del Mar Rodríguez
Alonso, esposa de uno de los portavoces adjuntos del PP en el Senado, Tomás
Burgos Beteta, e implicada en el caso “Gürtel”, falleció el 20 de enero de
2015 en Bilbao, ciudad de la que era originaria aunque residía en Madrid. Su
cadáver fue hallado en la habitación de un hotel de la capital bilbaína. Ni la
Ertzaintza ni la Delegación del Gobierno en el País Vasco han podido aportar
datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este fallecimiento.
La explicación posterior: suicidio por la muerte de una amiga y su implicación
en la trama.
El extesorero del
Partido Popular, Álvaro Lapuerta imputado por el juez Pablo Ruz en el caso
Bárcenas, que investiga las cuentas del partido en las dos últimas décadas,
quedó en estado de coma como consecuencia de una caída que sufrió en
2013 y que le provocó varias hemorragias cerebrales. Este 4 de octubre de 2016
debía someterse a juicio en la Audiencia Nacional, sin embargo la Sección
Segunda de lo Penal ha archivado la causa contra él después de que los forenses
del tribunal certificaran que padece una “demencia sobrevenida”, como
consecuencia del “accidente casero”.
El
periodista Isidro Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas
e imputado en el caso Gürtel, fue hallado muerto en octubre de 2015 en
Málaga. El cadáver se localizó en un barranco junto a su motocicleta y la
hipótesis que se barajó inicialmente es que sufriera un accidente de
tráfico. Su nombre saltó a los medios tras su imputación en marzo de 2015
en el caso Gürtel por su supuesto papel de intermediario en la adjudicación
del expositor de Jerez en la feria Fitur 2004 a sociedades de la trama de
Francisco Correa. El exasesor de Javier Arenas, expresidente de los
populares andaluces y actual vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del
PP, fue citado a declarar en la Audiencia Nacional por el juez Pablo Ruz el 28
de abril para que explicara cómo se tramitó el contrato de una operación por la
que supuestamente habría cobrado alrededor de 50.000 euros. Ante el
magistrado se acogió a su derecho a no declarar al considerar que el presunto
delito de prevaricación en el que se le implicaba estaba prescrito.
Accidentes, suicidios,
caídas e infartos se han dado como causas de las muertes o incapacidades
sobrevenidas de piezas clave en el tablero de la corrupción política. Sin embargo,
ninguno de esos casos se ha terminado de esclarecer del todo. ¿Qué diría John
le Carré ante esta facilidad con que desaparecen las pruebas? ¿A quién o
quiénes favorecen estas circunstancias?
Francisco Capacete
González
Abogado y filósofo
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