Anomalías democráticas

Hace pocos días escuché la comparecencia del Presidente del Gobierno para informar sobre la exhumación del cadáver del que fuera el Generalísimo y de cuyo nombre no quiero acordarme. Mientras se colaba en mis oídos la palabrería hueca, huera y muerta a la que nos tienen habituados los políticos, me saltó la voz de alarma al escuchar que con esta acción de memoria (revancha diría yo) histórica se terminaba con una anomalía democrática. El significado contextual de esta expresión era que se había extirpado de la democracia española un elemento que no era coherente con ella, a saber, que exista un monumento a un dictador.

Es importante depurar la democracia de todos aquellos elementos que sean contrarios o incompatibles con ella si queremos vivir en una sociedad que se organice según los principios democráticos, esto es, soberanía popular, división de poderes y limitación de los mismos en base al control de la ciudadanía. Además de los monumentos dedicados a dictadores que todavía sobreviven repartidos por la geografía española, ¿existen otros elementos anómalos en el seno de nuestra democracia? La respuesta es afirmativa, existen y, desgraciadamente, en cantidad. Vamos a ver unos pocos ejemplos.

La pervivencia de la monarquía es una anomalía democrática. Tenemos al Jefe de Estado que no es nombrado ni por el pueblo ni por los representantes del mismo. Es cierto que la monarquía en España no tiene ningún poder efectivo, sino que su papel es meramente representativo. No obstante, es un anacronismo que nada tiene que ver con un sistema democrático. Además, en la sucesión a la Corona los varones tienen preferencia sobre las mujeres, otra anomalía democrática que choca con todo el esfuerzo que se está realizando para acabar con el machismo en nuestra sociedad. Lo más grave es que esta anomalía está contenida en la mismísima Constitución.

Los privilegios de la clase política que no tienen los ciudadanos. En la sociedad estamental medieval la clase nobiliaria y el clero disfrutaban por el simple hecho de ser nobles o curas de unos privilegios que estaban vedados al pueblo llano. Las sociedades democráticas avanzadas desterraron este sistema de organización estamental y se rigen por el principio de legalidad que prohíbe los privilegios. Ningún ciudadano percibe una renta vitalicia por cuatro años de trabajo, sin embargo, los presidentes de gobierno sí. Esto es un privilegio y, por lo tanto, una anomalía democrática.

Otra anomalía democrática es el abuso que se hace del interés general para justificar decisiones limitativas de los derechos de los ciudadanos. Un ejemplo entre miles. En febrero de este año, a las preguntas planteadas por Ciudadanos, que pedía saber los motivos por los que «de manera sistemática» el Gobierno declara secreto oficial los viajes personales del Presidente cuando utiliza medios del Ministerio de Defensa como el Falcon, el Gobierno justificó los viajes del Presidente con medios públicos, incluido su desplazamiento para asistir al festival de música de Benicasim o para acudir a la boda de un familiar en La Rioja, por ser de «interés general».

La impunidad de los partidos políticos que no cumplen con lo prometido en las campañas electorales cuando acceden al gobierno, es otra anomalía democrática. Si un ciudadano le promete a hacienda que va a pagar y no paga se le sanciona. Si un ciudadano se compromete a ir al trabajo cuando firma el contrato laboral y no acude al mismo, se le sanciona con el despido. Sin embargo, a los políticos que no hacen aquello a lo que se han comprometido ante el soberano legítimo que es el pueblo, no les pasa nada, no están obligados a dar ninguna explicación, ni a pasar ninguna auditoría ni existe ninguna figura penal ni administrativa que lo tipifique como delito o infracción. Esto es muy anómalo.

Detengo aquí el listado para no perder la salud democrática ni mental constatando todas las anomalías que se dan en nuestra democracia y que la hacen menos democrática. Está bien que los huesos de los muertos reposen allí donde se merecen y si hay que remover cielo y tierra para lograr reparar una anomalía hágase. Pero, queridos “poquíticos”, no paren ahí, ya que han comenzado continúen con las demás anomalías democráticas. ¡Ya tienen trabajo!

Francisco Capacete González

Filósofo y abogado

El Estado social incluye a los animales

Artículo 1.1 de la CE declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. En su Preámbulo se expresa el deseo de convertirse en una sociedad democrática avanzada. Ello supone, entre otras cuestiones, que el Estado debe asumir la responsabilidad de promover la progresiva igualdad de todos los componentes de la sociedad y de asegurar a todos los ciudadanos el acceso a un cierto nivel de bienestar. Por su lado, los poderes públicos tienen el deber de actuar positivamente sobre la sociedad, tal y como establece el artículo 9.2 CE “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural.”

El principio del Estado social y democrático de Derecho puede considerarse como la resultante del proceso evolutivo recorrido por el Estado Constitucional desde su nacimiento hasta nuestros días. Se ha llegado así mediante una evolución progresiva al principio fundamental del “Estado Social y democrático de Derecho” que es una conquista propia del mundo occidental. Ahora bien, como la transformación de la sociedad y sus necesidades continúan, el alcance de la función social del Estado también debe transformarse paulatina y coherentemente. Un Estado social no es estático, sino dinámico, porque la sociedad es dinámica y cambiante.

Nos preguntamos si el Estado social incluye a los animales, es decir, ¿el bienestar de los animales forma parte de las responsabilidades de los poderes públicos y del Estado en general? Es innegable que varias especies de animales forman parte de la sociedad. Perros, gatos, aves urbanas, más todos los animales que son usados por los humanos en su mercado, comparten con nosotros el medio urbano y rural. Esto no es nuevo, los animales domésticos acompañan a la humanidad desde que se construyeron las primeras ciudades hace más de 10.000 años. Han estado presentes en los ritos religiosos, en las mitologías, en las banderas e himnos e, incluso, como sucedió en las culturas mayas, el urbanismo se inspiró en formas animales. Lo que es relativamente reciente es la toma de conciencia de esta realidad, de este estrecho vínculo entre animal y sociedad humana. La mayoría de ordenanzas municipales y leyes autonómicas de protección de los animales suelen titularse como de inserción de los animales en el entorno urbano. La sociedad humana, ya sea urbana o rural, incluye jurídica y legalmente a los animales.

Un argumento negativo que apoya la anterior afirmación es necesario. ¿Se imaginan Mallorca sin animales? Los atardeceres otoñales no serían los mismos sin la silueta de las bandadas de estorninos sobre la Seu. Las mañanas no lucirían sin el canto de los pájaros. Miles de corazones se mustiarían sin la compañía de un perro o un gato y esos corazones grises tornarían a la isla más gris todavía. Cuando recuerdo Palma en mi imaginario están los animales junto con el Born, la plaza del “tubo”, los plátanos de sombra de la Rambla, los suizos de Can Joan de S’Aigo o los aleros de Cort.

Es triste reconocer que los animales urbanos se han convertido en un colectivo desfavorecido. La contaminación les perjudica, las construcciones modernas les impiden nidificar, el maltrato animal aumenta, el uso de animales en festejos donde se les causa dolor y muerte continúa. Los presupuestos municipales que se dedican al bienestar animal son mínimos y los centros municipales de acogida de animales adolecen de escasez de instalaciones y material. Podríamos señalar más hechos que indican la precariedad en la que malviven decenas de miles de animales en Mallorca.

Como los animales constituyen, ciertamente, un colectivo social desfavorecido, su protección adquiere importancia constitucional. Nuestro país es un Estado social según lo declara la Constitución y los poderes públicos deben asegurar a todos los componentes de la sociedad un grado mínimo de bienestar para que puedan desarrollar una vida digna, sobre todo, a los colectivos desfavorecidos. El Estado social tiene vocación de justicia en el sentido de proteger más a los que menos tienen. Podemos afirmar que la protección de los animales es un mandato constitucional indirecto, pero tan imperativo como la protección del medio ambiente o el derecho a la cultura. Sin los animales no sabríamos ni podríamos vivir. Démosles lo que se merecen.

Francisco Capacete González

Especialista en Derecho Animal