Esta triste historia se viene repitiendo desde hace décadas. El odio mutuo entre estos dos pueblos es cada día mayor y la oleada de violencia, de masacres, asesinatos, secuestros, torturas, vejaciones y violaciones es cada vez más grande e imparable. Ni la ONU, ni la Comunidad Europea, ni el Tribunal Penal de La Haya pueden detener este conflicto que cuenta con la anuencia de grandes superpotencias, como los EE.UU.
Es de conocimiento público el origen del conflicto: la
ocupación gradual de los territorios palestinos por comunidades judías para
crear el estado de Israel. Es notorio que el enorme poder económico y la
portentosa influencia política de los lobby
judíos consiguieron que la comunidad internacional les concediera el derecho de
tener estado propio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones
Unidas aprobaron la partición de Palestina (Resolución 181). Los palestinos,
que constituían el 70% del total de la población y tenían el 92% de la tierra,
retuvieron el 43% del territorio. El resto fue entregado a los judíos, que
representaban el 30% de la población y poseían sólo el 8% de la tierra.
Jerusalén se consideró dentro del 1% que quedaría como zona internacional.
El 14 de mayo de 1948 los judíos proclamaron el Estado de
Israel. Al día siguiente estalló la primera Guerra Árabe-israelí y nació el «conflicto de Oriente Medio».
Palestina quedó dividida en tres partes: la que ocupaba Israel; la ribera
occidental del Jordán (Cisjordania) que pasó a Jordania, y Gaza, que quedó bajo
la administración de Egipto. Desde entonces la violencia se ha enseñoreado en
las “tierras santas”.
Como abogado en ejercicio contemplo angustiado la
violación de los derechos humanos en los territorios israelíes y palestinos. El
hecho es que hay un estado, Israel, que mantiene una guerra –no declarada-
contra un no estado, Palestina. Tanto unos como otros se acogen a la argucia
legal de que no son de aplicación las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos
que regulan las consecuencias de las guerras entre estados y como tratar a
heridos, refugiados, prisioneros, etc., porque no se trata de una guerra
internacional. Y para la comunidad internacional no estamos en presencia de un
guerra, sino de un conflicto local que debe regularse según las leyes de ese estado,
es decir, según las leyes de Israel, puesto que Palestina no tiene todavía una
cámara de representantes y una legislación aceptadas por todos los palestinos.
Ante esta situación, me pregunto, ¿los asesinos y
terroristas palestinos como deben ser tratados? ¿Se les debe juzgar por los
crímenes que comenten? ¿Qué tribunal les debe juzgar? ¿Qué clase de tribunal es
el Tribunal de Seguridad del Estado de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)?
¿Qué legitimidad tiene Israel para ejecutar a presuntos asesinos o terroristas
sin que un tribunal los condene? ¿Qué legitimidad ostenta Israel para matar a
civiles cuando persigue asesinar a presuntos asesinos o terroristas?
Como
filósofo no puedo estar de acuerdo ni con los asesinos israelíes ni con los
asesinos palestinos. Mi conciencia moral reprueba toda clase de asesinatos y
crímenes. Como abogado no puedo estar de acuerdo con las ejecuciones de seres
humanos ordenadas por un gobierno, sin que haya habido un proceso justo. Y esto
es lo que está ocurriendo en Oriente Medio.
Ahora
imaginemos que lo que ocurre en Israel ocurriera en España. Vamos a suponer que
en una Comunidad Autónoma se formara un grupo terrorista que asesinara a
civiles y militares en otras partes del territorio nacional. Vamos a suponer
que el gobierno central ordenara, bajo la excusa de proteger a la población,
lanzar misiles contra el edificio donde presuntamente residen esos terroristas
para matarlos. Vamos a suponer que en ese edificio viven también civiles,
hombres, mujeres y niños, que resultan heridos o muertos por la acción de
castigo contra los terroristas. ¿Podemos imaginarnos algo tan atroz en nuestro
país? No, obviamente que no. ¿Cómo reaccionaría la comunidad internacional? Lo
rechazaría totalmente y, a buen seguro que, de no deponer esta forma de actuar,
nos expulsarían de la CEE y de la OTAN.
Si
unas felaciones en Magaluf han causado revuelo en medio mundo, ¿qué revuelo no
causarían las ejecuciones y muertes indiscriminadas en España? Y ¿por qué es
España o Francia o Alemania no se permitiría algo así y, sin embargo, en Israel
sí se permite? ¿Qué tiene de especial Israel para que pueda ejecutar a personas
indiscriminadamente y no le ocurra nada?
Vivimos
en un mundo donde lo absurdo es el pan nuestro de cada día. Nos hemos quedado
sin sentido común, ni conciencia moral. Los estados se gastan millones de
millones en espectáculos deportivos para mantener a los pueblos entretenidos,
mientras en la sombra juegan el triste monopoly
donde compran y venden seres humanos como si fuéramos simples cromos sin valor
alguno.
Pero
también vivimos en un mundo donde cada vez hay más gente que lucha por los
derechos humanos, por la dignidad humana, por la paz y por la concordia. De
modo que siempre queda la esperanza como motor de cambio y transformación de
las sociedades humanas. No nos quedemos con los brazos cruzados en agónica
indiferencia.
