“¡Vaya
mañanita llevamos!”, se quejaba el otro día una funcionaria de los juzgados de
Vía Alemania, maldiciendo el enésimo cuelgue del sistema informático. La
digitalización de la Justicia era una de las grandes apuestas de la agenda del
ministro Rafael Catalá, y la obligatoriedad de que las comunicaciones y
trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se hagan de
manera electrónica en todos los órganos jurisdiccionales, uno de sus primeros
retos. Hazaña por el momento fallida. Cada vez que me conecto al sistema de
comunicaciones telemáticas, Lexnet, del Ministerio de Justicia, aparecen avisos
de paradas. Cada vez que tiene que cargarse la nueva documentación en los
servidores centrales de los juzgados, el sistema queda paralizado. En un
artículo publicado el 8 de enero del 2016, el Ministro de Justicia, Rafael
Catalá, indicaba que los problemas son normales con la siguiente
expresión: "El sistema tiene fallos, sólo faltaría". Para un sistema
que empezó a prepararse en el año 2000 y que ha costado millones de euros, no
es normal que tenga tantos fallos.
En
principio, las nuevas tecnologías deberían facilitar el trabajo y posibilitar
la prestación más ágil de los servicios. Sin embargo, en el ámbito de la
justicia está ocurriendo todo lo contrario. Las condiciones de trabajo de los
funcionarios cada vez son peores. Su salud se resiente. Hay más lentitud en la
resolución de los expedientes. Esta semana pasada la Audiencia Provincial de
Baleares pedía perdón por haber tardado nueve años en resolver un caso de
negligencia médica. Los abogados y procuradores tenemos más inseguridad con el
tema de los plazos, porque es obligatoria la presentación de escritos por vía
telemática y esta vía telemática deja de funcionar a determinadas horas casi
cada día. Ante todo esto, he querido conocer quién es el responsable de todos
estos perjuicios que se están causando a los ciudadanos.
La
gestión telemática de la justicia empezó a desarrollarse en el año 2010. Inicialmente
lo desarrollaban IECISA (Informática El Corte Inglés, SA) y SIA (Sistemas
Informáticos Abiertos). La primera empresa, por cierto, fue inhabilitada para
contratar en el sector público durante tres años por cesión ilegal de
trabajadores y vulneración de sus derechos en 2016.
En
marzo del 2011 ya comenzaron los primeros “problemillas”. El sistema Lexnet
debido al uso de componentes Active X y, por tanto, a su dependencia del
navegador y sistema operativo de Microsoft, no cumplía con lo establecido en
los artículos 5 y 6 del anexo IV del Real Decreto 84/2007. ¡Huy, qué descuido!
Descuido o interés. Recomiendo leer el artículo del abogado José Muelas “El
Ministerio de Justicia y el software propietario”, para conocer un tema de
fondo muy preocupante: el Ministerio se está gastando una millonada en software
propietario (Microsoft) en lugar de usar software libre, a pesar de que el
libre es más seguro y tiene las mismas prestaciones que el propietario.
En
junio del mismo año el TSJ de la Comunidad Valenciana informa en un comunicado
que los problemas en el sistema informático de los juzgados de Primera
Instancia y los Mercantiles se han generado por disfunciones en la implantación
de la nueva versión del programa Lexnet y su coordinación con el
programa Cicerone. El mismo fallo fue denunciado en Alicante por fuentes
judiciales. Un funcionario aseguró que ese problema llevaba en activo al menos
quince días.
En
junio de 2012, a pesar de los fallos iniciales en la implantación del sistema, la
empresa Avalon consigue otro contrato para la mejora de Lexnet por valor
de 150.000 euros. De hecho no se presentó ninguna otra empresa a la licitación
de ese contrato. Parecía que las cosas iban a mejorar. Sin embargo, era sólo un
espejismo. A principios del 2014, Los procuradores se rebelan contra los fallos
del sistema Lexnet. ¡Huy otro descuido!, resultaba que el portal “Adriano” no
generaba acuse de recibo de los escritos presentados. Por si esto fuera poco, en
noviembre del 2015, la empresa Avalon consigue otro contrato para la “mejora”
de Lexnet.
Y
llegó el 1 de Enero de 2016, fecha en que terminaba la moratoria, entraba en
vigor la directiva por la cual todos las nuevas notificaciones deben ser
digitales y se terminaba con la presentación de escritos en papel. Todo ello,
sin haber resuelto los problemas del sistema. A los ocho días el presidente del
Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, declaró que el problema
radica en que se trata de un sistema que no funciona y que “al prohibir la
presentación de documentos por la vía convencional en papel resulta que es como
si nos cerraran los juzgados, lo cual es una barbaridad. Se dan situaciones tan
curiosas como que la presentación de una demanda por vía telemática tarde 24
horas en cargarse".
Y
a día de hoy continúan los problemas. Han transcurrido diecisiete años, se han
invertido millones de euros y tenemos una situación caótica. ¿Quién o quiénes
deben responder por esta situación? Han participado varios organismos privados
y públicos en la historia de Lexnet. IECISA como desarrollador, Indra Sistemas
o Software Labs en la coordinación de la implantación del producto en varias
ciudades así como en algunos aspectos de desarrollo, Avalon como
desarrollador de la implementación analítica de notificaciones y documentos
adjuntos, Satec que ha participado en todas las fases (análisis, diseño
software y hardware, construcción, implantación y aceptación), Novasoft y
Semicro como soporte técnico y, desde el ámbito público, la Subdirección
General de Nuevas Tecnologías de la Justicia y los Ministros de Justicia
correspondientes.
A
día de hoy, nadie ha pedido disculpas ni ha asumido sus responsabilidades ¡Qué
injusticia!
Francisco Capacete
Filósofo y abogado
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